La nueva entidad estará encargada de prevenir, sancionar y erradicar la corrupción, así como a investigar y perseguir lo que se denomina “lavado” de dinero.
La designación del titular de este organismo será a partir de una convocatoria emitida por el Senado, y el aval de las dos terceras partes del Pleno senatorial.
El fiscal durará en este cargo hasta ocho años, y podrá ser reelecto una sola vez.
La Fiscalía podrá actuar por oficio cuando se trate de delitos contra la economía nacional cometidos por cualquier integrante de los tres poderes de la Unión, de las entidades federativas, municipios u organismos constitucionales autónomos.
En la sesión de trabajo de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, también se aprobó la creación del Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos para ayudar a fiscalizar la situación financiera en todos los niveles y órdenes de Gobierno.
Con la base de datos anterior se busca tener muy clara la situación patrimonial de los servidores públicos al inicio de su gestión y, en consecuencia, detectar cambios abruptos que pudieran indicar enriquecimiento ilícito.
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